10 de agosto, 2017 | Sara Martínez | Radio Tele
El respeto a la legalidad ante aquellos procesos que buscan afectar el patrimonio municipal, es parte del compromiso del Gobierno Municipal con el cuidado y uso correcto de las finanzas, más aún cuando se trata de instrumentos jurídicos que pretenden un interés particular en detrimento de la Administración.
Jesús Ávalos Plata, Secretario del Ayuntamiento, explicó que en el juicio promovido por el ciudadano, Gregorio Gómez Alonso, hay visos de que pudiera tratarse de un caso en el que habrían participado ex funcionarios municipales para afectar el patrimonio de Morelia.
Indicó que la Comisión de Acceso a la Información Pública y la Contraloría Municipal, ya investigan este caso del que se desprende una demanda de 119 millones 160 mil 204.39 pesos contra el Ayuntamiento, por la enajenación de unos terrenos que ocurrió hace 35 años.
Explicó que en esa fecha, el Ayuntamiento enajenó en favor Gregorio Gómez Alonso 18 lotes del Mercado de Abastos por la cantidad total de 133 mil 200 pesos; fue hasta el año 2012, que al hacer la solicitud de un número oficial de uno de los lotes adquiridos ante el Gobierno Municipal, obtuvo una respuesta no favorable, por lo que promovió un juicio por la inexistencia parcial del contrato de compra venta, el pago de gastos, costos y honorarios profesionales por la cantidad de 115.20 circulante en la actualidad por concepto de indemnización del empobrecimiento sufrido, monto que en junio del presente año asciende a 119 millones 160 mil 204.39 pesos.
El encargado de la política interna sostuvo que el Ayuntamiento llegará hasta las últimas consecuencias para dar con los responsables, siempre a través de la legalidad y velando por el cuidado de las finanzas municipales.
“Es increíble que 35 años después, cuando solicitó la constancia de número oficial de uno de los predios de su propiedad y cuando en todo ese tiempo pagó año con año el predial, se promueva un juicio con estas características”, señaló.
Ávalos Plata indicó que el Acuerdo avalado por Cabildo establece a la Contraloría para que en el ámbito de sus atribuciones y facultades analice, dictamine e informe sobre el perjuicio económico que se pretende causar a la actual Administración, derivado de la demanda presentada por el actor Gregorio Gómez Alonso.
Asimismo, emitirá un Dictamen sobre el actuar de los servidores públicos que han intervenido durante las diferentes etapas del proceso, para así determinar su actuar y, posteriormente, actuar en consecuencia.